En la sociedad del siglo XXI el matrimonio continúa siendo la forma de unión predominante en occidente, pero los cambios acaecidos en las últimas décadas hacen necesaria una regulación por parte de los poderes públicos de las denominadas "uniones de hecho" que, a pesar del creciente nivel de aceptación social, se encuentran en la actualidad con determinados obstáculos para su reconocimiento público.

La convivencia voluntaria, estable y duradera exige de una respuesta normativa como mecanismo equilibrador e igualitario de aquellas personas que por el libre ejercicio de sus opciones pudieran sentirse discriminadas, en la búsqueda de soluciones universales que superen los actuales planteamientos coyunturales o de emergencia de legislación positiva y de los tribunales ante esta realidad social.

Mediante Resolución de 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de los derechos de los homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, se reitera la convicción de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico y a la independencia de la orientación sexual, recogiéndose el mismo espíritu en la Resolución del 19 de mayo de 1994 de las Cortes Valencianas en el que se asumió el compromiso de regular las "uniones de hecho".

Dentro del respeto a la "legislación civil" de competencia del Estado, resulta necesario que la Generalidad Valenciana proceda al reconocimiento jurídico e institucional, así como a dar una mayor seguridad jurídica a estas uniones, evitando situaciones de desigualdad.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, apartado d) de la Ley de la Generalidad Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, el Gobierno Valenciano en la reunión del día 24 de octubre de 2000 ha adoptado el siguiente

ACUERDO

APROBAR el proyecto de Ley, por la que se regulan las uniones de hecho, que se adjunta como Anexo.

ANEXO

Proyecto de Ley de la Generalitat Valenciana, por la que se regulan las "uniones de hecho".

Exposición de motivos

En la sociedad en la que vivimos, la sociedad del siglo XXI, el matrimonio continúa siendo la forma de unión predominante en occidente, pero a raíz de los cambios acaecidos en el último medio siglo, otros tipos de unión demandan una regulación por parte de los poderes públicos. Las uniones estables, reconocidas mayoritariamente por la sociedad y denominadas "uniones de hecho", se encuentran en la actualidad con barreras jurídicas para su reconocimiento público.

El matrimonio y las uniones de hecho, por tratarse de instituciones distintas, obedecen a opciones y planteamientos personales que requieren el respeto a la diferencia tanto en el plano social como en el jurídico.

El derecho, por su parte, debe ajustarse a las nuevas realidades sociales. La presente ley trata de dar una adecuada solución a la realidad sociológica del incremento en el número de uniones entre personas, difícilmente encuadrables en las categorías jurídicas existentes.

La convivencia, estable y duradera, debe considerarse una realidad a la que los poderes públicos con capacidad normativa deben dar una respuesta convincente. La regulación normativa debe ser el mecanismo equilibrador e igualitario para aquellas personas que por el libre ejercicio de sus opciones, sean éstas cuales fueren, pudieran sentirse discriminadas. Hasta ahora han sido los tribunales de justicia y, en especial, el Tribunal Constitucional quienes han aplicado soluciones coyunturales o de emergencia a los casos concretos que se les planteaban. Sin embargo, es la normativa el marco de referencia general donde se han producido avances importantes en los últimos años donde plasmar las soluciones con carácter universal.

En definitiva, la aprobación de la presente Ley tiene su justificación, además, en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y en el artículo 14 de la Constitución española que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones, entre otras, de sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como en la Resolución de 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de los derechos de los homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, que reitera "la convicción de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico y a la independencia de su orientación sexual", y en la Resolución de 19 de mayo de 1994 de las Cortes Valencianas que recogía el mismo espíritu, por la que éstas asumen la necesidad de regular "las uniones de hecho".

Por otro lado, esta ley da respuesta a una limitación fundamental, derivada de la falta de un derecho familiar legislado y propio de la Comunidad Valenciana, dentro de su actual ámbito competencial.

La convivencia genera relaciones diversas de carácter intersubjetivo, muchas de las cuales se ajustan a las esferas personal y patrimonial. Su regulación supondría una extensión del Código Civil a uniones de hecho no formalizadas en sede matrimonial, especialmente en lo concerniente a los convivientes, pues respecto a los descendientes las reformas del derecho de familia dan cumplida respuesta a tales situaciones.

Sin embargo, a la espera de la referida extensión de la legislación civil, la Generalitat Valenciana debe poner sus medios y competencias al alcance de las uniones de hecho no reguladas, con el fin de otorgarles un reconocimiento y, además, introducir así una mayor seguridad jurídica que permita evitar situaciones de desigualdad. Todo ello, además, con la suficiente flexibilidad, de modo que los preceptos de esta ley puedan encajar en las diversas configuraciones legislativas que alternativamente adopte la ley civil estatal, ya sea en su configuración como unión personal civil, ya en su conceptuación afectiva o cuasiconyugal.

En este sentido, el Gobierno Valenciano mediante Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, creó el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, Decreto que fue desarrollado mediante Orden de 15 de febrero de 1995, de la Conselleria de Administración Pública, suponiendo ahora la presente ley, desde la Comunidad Valenciana, una respuesta clara a una demanda reconocida por amplios sectores sociales e institucionales, con el fin de apoyar un itinerario de reconocimiento de esta fórmula de convivencia en el marco del derecho común que evite cualquier tipo de discriminación para la persona.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de aplicación.

1. La presente ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja de forma libre, pública y notoria, vinculados de forma estable, al menos durante un periodo ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana.

2. La inscripción en dicho registro tendrá carácter constitutivo.

3. Esta ley únicamente será de aplicación a aquellas uniones de hecho en las que, al menos, uno de los miembros se halle empadronado en la Comunidad Valenciana.

Artículo 2. Requisitos personales

1. No pueden constituir una unión de hecho de acuerdo con la normativa de la presente ley:

1. Los menores de edad, no emancipados.

2. Las personas ligadas por el vínculo del matrimonio.

3. Las personas que forman una unión estable con otra persona o que tengan constituida una unión de hecho inscrita con otra persona.

4. Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.

5. Los parientes colaterales por consaguinidad o adopción dentro del tercer grado.

1. No podrá pactarse la constitución de una unión de hecho con carácter temporal ni someterse a condición.

CAPITULO II

DE LA INSCRIPCION DE LAS UNIONES DE HECHO

Artículo 3. Acreditación

1. Las uniones a que se refiere la presente ley que constituirán a través de la inscripción en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, previa acreditación de los requisitos a que se refiere el artículo 1 en expediente contradictorio ante el encargado del registro.

2. Reglamentariamente se regulará tal expediente contradictorio. En todo caso, la previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida, en relación de afectividad, habrá de acreditarse mediante dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

3. La existencia de la unión de hecho se acreditará mediante certificación del encargado del registro.

CAPITULO III

DE LA INSCRIPCION DE LOS PACTOS DE CONVIVENCIA

Artículo 4. Regulación de la convivencia

1. Los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese, siempre que no sean contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o gravemente perjudiciales para uno de ellos.

Serán nulos los pactos que contravengan la anterior prohibición.

2. A falta de pacto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los miembros de la unión contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de la unión, en proporción a sus recursos.

3. En todo caso, los pactos a que se refiere este artículo, estén o no inscritos en el Registro de Uniones de Hecho, sólo surtirán efectos entre las partes firmantes, y nunca podrán perjudicar a terceros.

Artículo 5. Inscripción

1. Los pactos a que se refiere el artículo anterior podrán inscribirse en el registro administrativo, siempre que sean válidos.

2. La inscripción podrá efectuarse a petición de ambos miembros de la unión o por resolución judicial, en caso negativa injustificada o incapacidad de uno de los miembros para prestar su consentimiento.

3. Contra la denegación de la inscripción, que se hará por resolución motivada, podrá interponerse el recurso administrativo que proceda.

CAPITULO IV

DE LA EXTINCION DE LA UNION

Artículo 6. Extinción de la Unión

1. Las uniones de hecho se extinguen por las siguientes causas:

1. De común acuerdo.

2. Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión de hecho notificada al otro por cualquiera de las formas admitidas en derecho.

3. Por muerte de uno de los miembros de la unión de hecho.

4. Por separación de hecho de más de seis meses.

5. Por matrimonio de uno de los miembros.

1. Los dos miembros de la unión de hecho están obligados, aunque sea separadamente, a solicitar la cancelación de la inscripción de la unión.

Artículo 7. Inscripción

La concurrencia de causa extintiva de la unión y, en su caso, las circunstancias de la propia extinción se harán constar en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho en la forma que se determine reglamentariamente.

CAPITULO V

NORMAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 8. Beneficios respecto de la función pública

En relación con el personal al servicio de la Generalitat Valenciana, los convivientes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a las parejas que hayan contraído matrimonio.

Artículo 9. Normativa Valenciana de Derecho Público

Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa valenciana de Derecho Público serán de aplicación a los miembros de la unión de hecho, en especial en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-El tiempo de convivencia transcurrido antes de la entrada en vigor de esta ley, se ha de tener en cuenta a los efectos del cómputo de los doce meses a que se refiere el artículo 1, si los miembros de la unión de hecho están de acuerdo.

SEGUNDA.-Las inscripciones de uniones en el Registro de Uniones de Hecho, regulado por Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano y en la Orden de 15 de febrero de 1995, de la Conselleria de Administración Pública, se integrarán de oficio y de modo automático en el registro contemplado en el artículo 3 de esta Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Efectos de la inscripción

Si la legislación del Estado prevé la inscripción en el Registro Civil de las uniones reguladas por esta ley, los efectos que ésta les otorga deben ser entendidos referidos a las uniones que se inscriban.

Segunda.-Desarrollo reglamentario

1. Se autoriza al Gobierno Valenciano a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno Valenciano deberá aprobar los reglamentos de desarrollo de ésta.

Tercera.-Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta ley.

Valencia, a 17 de octubre de 2000

EL CONSELLER DE BIENESTAR SOCIAL

Rafael Blasco Castany