[...]Las parejas que constituyen uniones no matrimoniales] y las uniones que de ellas derivan deben gozar de la misma protección social, económica y jurídica que las uniones matrimoniales y las familias por ellos originadas, a fin de garantizar el respeto y la promoción de los antedichos principios fundamentales de libre desarrollo de la personalidad y de igualdad de todos los ciudadanos.

Esa protección constitucional debe alcanzar, por los mismos fundamentos, a uniones estables y afectivas constituidas por parejas del mismo sexo, una vez superados los injustificables reparos morales que han venido marginando, e incluso criminalizando, a quienes por su congénita orientación sexual demandan una vida en común con otra persona del mismo sexo, situación absolutamente ignorada aún en nuestro ordenamiento jurídico.

La respuesta legal y judicial a esta realidad social de uniones no matrimoniales (...) supone para muchos ciudadanos situaciones de auténtico desamparo jurídico y de penosas injusticias en ámbitos tan distintos como el civil, el administrativo, el fiscal, el social o el penal.

(...) En el Registro Municipal de Uniones Civiles se inscribirán las declaraciones de constitución de uniones no matrimoniales de convivencia entre parejas, incluso del mismo sexo, así como las de terminación de esa unión, cualquiera que sea la causa".