En 1993, muchos activistas de los grupos de gais y lesbianas dimos un paso reflexivo importante, dejando de priorizar las grandes reivindicaciones utópicas para entrar en el ruedo de la realidad: en vez de exigir lo máximo de golpe, pasamos a negociar lo posible.

Y así nació la campaña por una ley de parejas de hecho: razonable, aceptable por la sociedad y por los diversos partidos políticos que tenían el mandato de representarnos. Durante este tiempo hemos demostrado un talante dialogante e integrador a la vez que nos hemos sentido respaldados por las numerosas encuestas publicadas en los periódicos que, siempre se han mostrado favorables a regular las parejas homosexuales y heterosexuales no casadas.

En todo este proceso hemos ido encontrando numerosos obstáculos con nuestros legisladores, obstáculos que se han ido solventando gracias a ese carácter conciliador antes mencionado. Pero, a la hora de los hechos, y a nuestro pesar, siempre hemos tenido enfrente la negativa del Partido Popular a reconocer que dos personas del mismo sexo pueden amarse igual que si son de distinto sexo. Su sistemático voto negativo a todas las propuestas presentadas por los demás grupos y su sistemática estrategia de dilatación de los trámites una vez perdida la votación, hacen que cada día se aleje más la posibilidad de conseguir esa ley que tan fácilmente aceptan los ciudadanos a los que deberían representar nuestros parlamentarios.

En esta eterna batalla contra las dilaciones nos enfrentamos ahora con la nueva proposición de ley del PP que, por ser de carácter orgánico, acarrea una tramitación aún más larga y que, con toda probabilidad, no dará sus frutos antes de la disolución de esta legislatura con lo que el PP habrá conseguido quedar bien y no aprobar la ley, que -nos tememos- es su fin último en este tema. Esta afirmación, que parece un poco atrevida, no lo es tanto si analizamos los hechos: una de las principales excusas que puso el PP para oponerse a las propuestas anteriores fue el excesivo coste que para el Estado supondría cubrir las prestaciones a las parejas de hecho; contradictoriamente, ahora proponen una ampliación de estas prestaciones; ya no sólo serán para parejas de hecho sino también para cualquier otra asociación de dos personas sean cuales sean sus intereses, aumentando así los costes de la ley, lo que indica poca seriedad en sus planteamientos. En todo caso esstos costes son asumibles y son sólo una excusa.

Pero es más, incluso en el hipotético caso de que esta ley fuera definitivamente aprobada, guarda una trampa que frenaría el proceso de integración que toda la sociedad desea para gais y lesbianas y también la normalización que están alcanzando las parejas heterosexuales no casadas.

Fundamentalmente, esta ley es un desprecio a la afectividad de gais y lesbianas, pues equipara las relaciones de pareja a un contrato o un negocio en vez de a los matrimonios, que es a lo que realmente se parecen; y todo por la obsesiva negativa a reconocer que dos personas del mismo sexo pueden amarse; negativa hipócrita, pues la ley pretende regular esto mismo pero sin mencionarlo (con la consiguiente chapuza que ha resultado); y además nos devuelve al armario de los tabúes: no se puede hablar de relaciones homosexuales aun cuando éstas sean evidentes y reguladas.

Y aún va más lejos. Al no reconocerse estas uniones como familiares, todas las políticas de protección de la familia ignorarán interesadamente la existencia de otras familias que no sean el matrimonio; futuros avances, como por ejemplo la posibilidad de nacionalizar al compañero/a de una pareja de hecho; se verían totalmente bloqueados, recordemos que esto para los legisladores del PP no es una familia, tan solo un contrato mercantil. Para gais y lesbianas, sólo consiguiendo el matrimonio (a lo que no hemos renunciado), se podría alcanzar el reconocimiento como familia, lo cual a las puertas del siglo XXI, significaría volver a entrar en el debate de si hay otras familias aparte del matrimonio, nos parecería ridículo.

Si finalmente no sale la ley porque a base de retraso consiguen que se disuelvan las Cortes antes de que se apruebe la Ley de Parejas, los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener claro que el PP nos habrá engañado, que nunca intentó sacar la Ley y que sus tácticas dilatorias han tenido efecto. Los grupos que ahora se unan a los medidas dilatorias, CiU, PNV o Coalición Canaria, también serán responsables del engaño. Esperamos que se terminen las zancadillas a la regulación. Nuestros representantes parlamentarios tienen la responsabilidad de dejar de utilizar trucos reglamentarios para impedir que salga la ley que mayoritariamente se desea.

Lo único que le pedimos al PP para aceptar su ley es que en ella se reconozca lo que está demandando la sociedad: un nuevo tipo de uniones familiares que son las parejas de hecho tanto formadas por dos personas del mismo como de distinto sexo y que se regulen éstas sin ambigüedades ni hipocresías. Muchos parlamentarios ya han hablado favorablemente en este sentido; si se han atrevido a decirlo ¿por qué no se atreven a escribirlo en una ley? La sociedad española lleva tiempo esperándolo.

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez y Pedro Antonio Pérez Fernández son Presidente y miembro del Patronato respectivamente de la Fundación Triángulo por la Igualdad Social de Gais y Lesbianas.